Organizacion GEN

La organización GEN se compone de un grupo de empresas especializadas en la selección, administración y protección del talento humano, con mas 30 años de experiencia en el mercado; cuentamos con oficinas en la principales ciudades del país y está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales en áreas como, salud ocupacional, psicología, derecho, financiera y seguridad social, entre otros.


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Lo que usted debe saber respecto a la aplicación del Decreto 2616 “Cotización por Semanas”

El Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia plantea que la Seguridad Social Integral es un servicio público de carácter obligatorio, que está llamado a ampliar su cobertura progresivamente. Es así, como el 20 de noviembre de 2013 se expidió el Decreto 2616 (ahora compilado en el Decreto Único del Sector Trabajo 1072 de 2015 – Sección 4, artículos 2.2.1.6.4.1. y siguientes), el cual reglamentó la afiliación para personas dependientes que laboran por periodos inferiores a un mes.

Este decreto aplica para los trabajadores que: 1. Presenten afiliación al régimen subsidiado de salud, 2. Tengan un contrato laboral, 3. El contrato obligue a laborar por un periodo inferior a treinta (30) días por mes calendario, y 5. El valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente. Cumplidos los anteriores requisitos, el empleador podrá pagar las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral – S.S.S.I por semanas, así:

Días laborados en el mes Monto de la cotización
Entre 1 y 7 días Una (1) cotización mínima semanal
Entre 8 y 14 días Dos (2) cotizaciones mínimas semanales
Entre 15 y 21 días Tres (3) cotizaciones mínimas semanales
más de 21 días Cuatro (4) cotizaciones mínimas semanales (Equivalen a un salario mensual)

Esto significa que el empleador aliviana los pagos al S.S.S.I porque: a) No tiene que realizar pago de cotizaciones a Salud, ya que el trabajador está afiliado al régimen subsidiado, b) las cotizaciones a Pensiones y a la Caja de Compensación es por semanas y no completa; aclarando, eso sí, que la cotización al sistema de riesgos laborales es por el mes completo y c) garantizan un empleo formal a sus trabajadores, para que estos accedan a la cobertura de ciertas contingencias.

 

Transcurridos más de cuatro años de la entrada en vigencia del Decreto 2616, son muchas las personas que se encuentran vinculadas al S.S.S.I, bajo las condiciones de esta normatividad; sin embargo, en la práctica se han evidenciado algunos vacíos jurídicos que usted debe conocer, antes de optar por esta modalidad de afiliación

  1. Prestaciones económicas por accidentes o enfermedades de origen común: En el Régimen Subsidiado en Salud, no se pagan incapacidades por enfermedad general, ni por maternidad, ni paternidad; por este motivo, si un trabajador vinculado bajo el citado Decreto, requiere alguna de las prestaciones económicas citadas, no tiene herramientas jurídicas para reclamar el reconocimiento y pago; adicionalmente estaría el empleador expuesto a que por vía de tutela o judicialmente, se le ordene el reconocimiento y pago de dichos emolumentos directamente.
  2. Procesos de Calificación de Origen o Pérdida de Capacidad Laboral de eventos de origen común:    Teniendo en cuenta que los trabajadores afiliados por este Decreto se encuentran en el Régimen Subsidiado en Salud y que en este régimen no cuenta con áreas de medicina laboral, la normatividad vigente no dispone cómo se adelantarían los Procesos de Calificación de Origen o Pérdida de Capacidad Laboral de eventos de origen común y reintegros laborales que se puedan ocasionar.
  3. Excluye a los beneficiarios del régimen contributivo: Es importante aclarar que uno de los requisitos necesario para que opere el Decreto 2616, es que el trabajador se encuentre afiliado al régimen subsidiado, por este motivo se excluyen las personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de beneficiarias del régimen contributivo.

 

Ahora bien, si el trabajador presenta un accidente o enfermedad de origen laboral, la respectiva ARL suministrará todas las prestaciones asistenciales y económicas que demande el evento, tales como las incapacidades temporales que se generen.

 

Para finalizar, consideramos que son indiscutibles los beneficios económicos y sociales del Decreto 2616 para los empleadores y trabajadores, pero ponemos a consideración de nuestros lectores los diferentes escenarios prácticos que se pueden suscitar, para que la decisión de optar por esta forma de afiliación sea consciente y se tenga en el escenario de las probabilidades, las consecuencias jurídicas expuestas.

Fuente: Boletín Sura

Atentos a sus necesidades, le estaremos atendiendo a través de las lineas:
Medellin 605 1534 | Bogota 746 9310 | Barranquilla 385 2112 | Resto de país (6) 340 2565

 

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Precisan temporalidad de la condición más beneficiosa entre la Ley 100 y la Ley 797

La Corte Suprema de Justicia hizo una amplia explicación del principio de la condición más beneficiosa y la temporalidad de su aplicación en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral, y la Ley 797 del 2003, que reformó algunas disposiciones de la Ley 100 y entró a regir el 29 de enero del 2003.

Inicialmente indicó que esta figura es un mecanismo que busca minimizar la rigurosidad propia del principio de aplicación general e inmediata de la ley y protege a un grupo poblacional que goza de una situación jurídica concreta, esto es, el cumplimiento de las semanas mínimas exigidas por la reglamentación derogada para acceder a la prestación, y al ser excepcional su aplicación necesariamente es restringida y temporal. (Lea: Precisan requisitos de tiempo de cotización para acceder condición más beneficiosa)

De igual forma, explicó que tiene las siguientes características:

(i)Es una excepción al principio de la retrospectividad

(ii)Opera en la sucesión o tránsito legislativo

(iii)Procede cuando se predica la aplicación de la normativa inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro

(iv)Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición

(v)Protege las expectativas legítimas de las personas que poseen una situación jurídica y fáctica concreta

(vi)Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.
Por otro lado, explicó que a falta de normativa expresa este principio surge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten entre la anterior y la nueva ley aquellas personas que tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que en la medida que lo recorren paulatinamente vayan construyendo los niveles de cotización que actualmente se exigen. (Lea: ¿Condición más beneficiosa permite aplicar un régimen diferente al inmediatamente anterior para pensión de invalidez?)

En virtud de ello, indicó que el tiempo de permanencia en esta “zona de paso” entre la Ley 100 y la Ley 797 es de tres años, el cual fue dispuesto por esta última normativa­ para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente.

Así las cosas, solo es posible que la Ley 797 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero del 2006 exclusivamente para las personas con una expectativa legítima, garantizando así, de forma interina pero suficiente, la cobertura del sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. (Lea: Principio de favorabilidad se extiende a normas relacionadas con prestaciones sociales periódicas)

Después de esta fecha no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático (M. P. Fernando Castillo Cadena y Gerardo Botero Zuluaga).

Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL-46502017 (45262), Ene. 25/17

Fuente: www.ambitojuridico.com


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Auxilio de transporte para trabajador que labora medio tiempo

A pesar del uso de personal para el trabajo en el tiempo, este servicio reconocer el auxilio de transporte a sus trabajadores cuando se convierten menos de 2 smmlv, vivan a más de 1.000 metros de distancia de la empresa o cuando este no preste el servicio de transporte.

Respondamos a la siguiente pregunta: ¿Se debe reconocer el auxilio de transporte completo para el trabajador que labora medio tiempo?
El auxilio de transporte es un beneficio que debe otorgarse a todo trabajador dependiente cuando su remuneración o gratificación no exceda a 2 salarios mínimos; Este tiene el propósito de cubrir los gastos o los costos de la movilización en el sitio de labores, debe pagarse dentro de la nómina con base en los días en los que asisten el empleado en su lugar de trabajo y en los que, aunque no los labore, Están autorizados por la ley; Sin embargo, no será pagado cuando el empleado se ausente por causas que hagan que no se desplace al sitio de trabajo como lo hijo incapacidades, permisos, suspensiones, licencias, etc.

 
Para que el empleador disponga de un reconocerlo y liquidarlo, se debe cumplir con las siguientes características:
Inicialmente, el trabajador debe hacerse entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes -smmlv-; Como segunda característica se requiere que el empleador no preste atención al cliente el servicio de transporte a los empleados por lo que hace que el mar líquido en la nómina, y por último, como lo establece el artículo 4 del Decreto 1258 de 1959, el trabajador debe Vivir a más de 1.000 metros de distancia de la empresa. “ARTICULO 4º. Exclusivamente tendrán derecho a este auxiliar de los trabajadores que residen a una distancia de mil (1000) metros del lugar del trabajo “.

 
Ahora bien, para responder a la pregunta que no atañe, aunque el trabajador ha trabajado por tiempo medio, el empleador está obligado a pagar el valor total del auxilio de transporte cuando el empleado cumpla con todas las características mencionadas anteriormente, ya Que lo requiere para desplazar el lugar de trabajo y de este sitio hasta su lugar de residencia de la misma forma como lo utiliza un trabajador que labore 8 horas al día.

Fuente: Actualicese


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Todo sobre el reconocimiento de incapacidades temporales cuando ya se ha pagado una permanente parcial

Ante las múltiples consultas de ciudadanos que reclaman el pago de incapacidades temporales después de haber recibido pago por una incapacidad permanente parcial, el Ministerio del Trabajo aclaró, por medio de la Circular 0010 del 2017, los lineamientos generales de este hecho a los actores del Sistema General de Riesgos Laborales.

Reconocimiento de prestaciones en caso de secuelas de enfermedad laboral

Para el reconocimiento y pago de las incapacidades temporales las administradoras de riesgos laborales (ARL) deben ceñirse al artículo 3° de la Ley 776 del 2002, que indica que deben reconocer y pagar el auxilio económico, correspondiente al 100 % del salario con el cual se efectuó la cotización, desde el momento en que ocurrió el accidente o inició la incapacidad y hasta:

  • El momento de rehabilitación del trabajador.
  • Hasta cumplida su readaptación.
  • Hasta obtener su curación.
  • Hasta ser reconocida y pagada la incapacidad permanente parcial.
  • Hasta el momento de reconocerse su estado de invalidez.
  • Hasta la muerte del trabajador o persona afiliada.

En este sentido, el ministerio aclara que se puede dar una u otra situación sin ser excluyentes entre sí. Además, hizo un llamado para que las ARL no se nieguen a reconocer las prestaciones económicas y asistenciales derivadas del accidente de trabajo o enfermedad laboral por el que la persona ya fue indemnizada.

En la circular se citan jurisprudencias de la Corte Constitucional que destacan la importancia de determinar la naturaleza de las incapacidades médicas, y si son temporales o permanentes.

“Si las incapacidades son temporales, debe establecerse si existe concepto favorable de rehabilitación del afectado. Si se expide tal concepto, las administradoras de riesgos laborales deberán reconocerle al trabajador subsidios por incapacidad temporal durante 180 días, prorrogables por otros 180 días. Adicionalmente, si luego de este lapso se retira el concepto médico favorable de rehabilitación, este lapso puede ser prorrogado por 360 días adicionales”, señala un fallo citado.

En otras sentencias, como la T-920 del 2009 y T-468 del 2010, la Corte Constitucional ordenó el pago de incapacidades superiores a los 180 días hasta que se emita un nuevo concepto de rehabilitación por parte del médico tratante. (Lea: Tutela procede cuando resulten afectados mínimo vital y salud por no pago de incapacidades médicas)

Cita el ministerio la Sentencia T-777 del 2013 porque allí manifiesta el alto tribunal que el Sistema de Seguridad Social Integral protege a los afiliados que sufran incapacidades médicas de origen común inferiores a 540 días, pero existe un déficit de protección para personas con incapacidades superiores a este límite.

Finalmente, Mintrabajo enfatizó que con respecto a las incapacidades temporales en accidente de trabajo o enfermedad laboral no solo se deben reconocer hasta la declaración de la incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte de trabajador, sino inclusive hasta la fecha de culminación del proceso de rehabilitación del trabajador.

El pago de cotizaciones en pensión y salud

El pago del subsidio por incapacidad temporal tendrá como base el último ingreso base de cotización pagado a la ARL al inicio de la incapacidad médica y las ARL deben asumir el pago de las cotizaciones a pensión y salud que corresponden a los empleadores o a los trabajadores independientes, durante los periodos de incapacidad.

Si hay controversia sobre el origen común o laboral del accidente o enfermedad, cubrirá dicha incapacidad temporal la ARL, hasta que exista dictamen en firme de la junta regional o nacional. (Lea: ¿Merecen un trato similar los trabajadores independientes y dependientes frente a elección de ARP?)

Pago de intereses moratorios

El Ministerio indicó que el no pago de incapacidades temporales por parte de las ARL dentro de los dos meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen el total de requisitos exigidos para su reconocimiento generará interés moratorio igual al que rige para el impuesto de renta.

Vigilancia y control

A la Superintendencia Nacional de Salud le corresponde vigilar el acceso a servicios médicos de los trabajadores con incapacidad reconocida y a la Superintendencia Financiera corresponde investigar y sancionar cuando las ARL incumplan las regulación sobre pago de incapacidades.

Ministerio de Trabajo, Circular 0010, Feb. 03/17

Documento disponible para suscriptores de LEGISmóvilSolicite un demo.

Fuente: Ambitojurídico.com

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Causal de terminación unilateral del contrato laboral no puede ser modificada con posterioridad

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Un extrabajador llamó a juicio a su antiguo empleador con el fin de declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 4 de septiembre de 1973 hasta el 20 de agosto del 2005.

Dentro de sus pretensiones, el demandante solicitaba el pago de la indemnización por despido, junto con el incremento salarial de los últimos tres años de trabajo, con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales legales y extralegales, aportes a pensión y salud, la sanción moratoria y la indexación de las condenas.

Como parte de su defensa, el demandado precisó que había dado por terminado el contrato toda vez que el demandante no se había presentado a su sitio de trabajo y, adicionalmente, había intentado presentar un documento falso para justificar su ausencia.

Sin embargo, en el curso del proceso se estableció que dentro de la hoja de vida del demandante aparecía como única causa del despido la ausencia del trabajador pero no la supuesta falsedad.

En primera y segunda instancia fueron negadas las pretensiones de la demanda, por lo cual el extrabajador acudió, en sede de casación, a la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Laboral de la Corte advirtió que al momento de finalizar un vínculo laboral de manera unilateral, esto es, al momento de su extinción, la parte que da por terminado el contrato debe manifestarle a la otra la causal o motivo de su determinación, sin que sea posible alegar con posterioridad algo diferente.

La causal manifestada por el empleador para fenecer con justa causa el contrato fue la inasistencia de su subordinado al lugar de trabajo, sin que mediara justificación alguna, y no por la falsificación de documentos públicos, como este lo argumenta.

La Corte concluyó que si bien es cierto dentro del expediente no está probada la falsificación de documento, sí lo está la inasistencia injustificada al sitio de trabajo, por lo cual decidió no casar la providencia de primera instancia, por considerar que se acreditó la justa causa de despido (M. P. Jorge Luis Quiroz).

Fuente: Ambitojuridico.com 

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Conoce como pedir tu cita con la DIAN sin complicaciones.

Una de las ventajas de esta era virtual es contar con la posibilidad de hacer muchos de los trámites a través de internet. Con esto, si necesita hacer algo específico con el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, aprenda a agendar su cita.

Aunque el tema tributario puede sonar un poco harto para muchas personas, es importante que usted asuma su responsabilidad como ciudadano no sólo con los pagos correspondientes de sus impuestos, sino también teniendo su información actualizada.

Así, en Colombia la DIAN, Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la entidad gubernamental encargada de este tipo de trámites, para lo cual también ha dispuesto de un canal virtual facilitando el agendamiento de citas para las personas que lo requieran.

A través del mecanismo, usted podrá solicitar su cita para poder realizar alguno de los siguientes trámites:

1- Inscripción o actualización RUT persona natural y/o mecanismo digital (emisión y renovación).

2- Inscripción o actualización RUT persona jurídica.

3- Solicitudes especiales (cancelación de RUT, cese de actividades en ventas y cambio de régimen).

4- Facturación.

5- Multitrámite (varios trámites personales en forma simultánea: inscripción o actualización RUT, mecanismo digital y facturación).

6- Nuevo en conferencia renta naturales, programa ayuda renta y servicios en línea.

Pero, además, la DIAN recientemente informó a los colombianos que a partir del próximo 11 de abril de 2016 los siguientes trámites solo podrán ser programados a través de este medio, los correspondientes a los numerales: 1, 3, 4 y Mecanismo digital.

¿Cómo hacerlo?

  1. Ingrese ahttp://www.dian.gov.co/ . En la parte izquierda encontrará el link “Asignación de citas”

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  1. Luego encontrará esta pantalla, en la que le aclarará que hay trámites que puede hacer de forma directa desde su casa. Pero si usted aún requiere de una cita, deberá dar click en “solicite citas”.

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  1. Tendrá una nueva ventana recordándole los trámites que podrá agendar, para lo cual tendrá distintas opciones. Siendo el caso, debe dar click en “Solicitar cita”

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  1. Una vez complete todos sus datos y verifique que está correctos, le saldrá lo siguiente

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  1. Luego de verificar todo, deberá seleccionar el sitio a donde iría, el tipo de trámite y finalmente la fecha en la que quiere agendar la cita

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  1. Cuando seleccione el día y la hora adecuados para usted, tendrá la siguiente información para confirmar. Y ya, finalmente obtendrá la confirmación.

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De otra parte, para solicitar citas de los trámites mencionados para la ciudad de Medellín y citas para Devoluciones y, o Compensaciones en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, los usuarios deben comunicarse a la línea única de agendamiento  019005558484 o 057(1) 4878200 de lunes a viernes 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 am a 2:00 p.m.

Los Puntos de Contacto que no cuentan con el servicio de agendamiento (Tunja, Sogamoso, Pasto, Cúcuta, Popayán, Quibdó, Palmira, San Andres, Buga, Buenaventura, Florencia, Girardot, Ipiales, Inírida, Leticia, Maicao, Mitú, Pamplona, Puerto Asís, Puerto Carreño, Riohacha, San José del Guaviare, Tuluá, Tumaco, y Urabá), seguirán atendiendo los trámites de manera presencial.

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El secreto del abogado en el derecho de la libre competencia

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Se ha sostenido -hasta ahora de forma muy general- que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como autoridad de competencia no puede tomar como prueba ningún documento elaborado por los abogados que asesoran a un cliente investigado. Sin embargo, algunas decisiones europeas recientes justifican una evaluación más detenida sobre el alcance que tiene dicho privilegio profesional.

Desde sus orígenes en el derecho anglosajón, se ha entendido que el denominado privilegio abogado-cliente busca proteger al cliente, antes que nada, para que pueda tener la certeza de que los consejos profesionales que recibe no terminan siendo parte del proceso.

En Colombia, el tema parece circunscribirse a la figura del secreto profesional, reglada por el artículo 74 de la Constitución Política, que dispone de forma terminante que dicho secreto es inviolable. Además, las normas señalan que su revelación constituye falta disciplinaria, salvo autorización del cliente o cuando se enfrenta una situación de necesidad para evitar la comisión de un delito.

La Sentencia C-301 del 2012 de la Corte Constitucional dispone que -en ese último caso- el abogado no está obligado a revelar el secreto, pero está autorizado para hacerlo, cuando ello se estima necesario, entre otras razones, para evitar ser inculpado por omisión del deber de denuncia. En el ámbito del Derecho de la Competencia, la cuestión sobre el grado de discrecionalidad en la revelación del delito gana importancia cuando la práctica anticompetitiva que se investiga constituye per se un delito, como en el caso de la colusión en licitaciones.

En Europa se han producido varias decisiones que marcan una tendencia jurisprudencial, como los casos AM&S y Akzo Nobel Chemical (septiembre del 2007), en virtud de los cuales a la autoridad de competencia no solo le está vedado tomar testimonio del abogado o tener como prueba la información producida por él, sino, además, la mera posibilidad de acceder a ella. Bajo esta doctrina, si la parte investigada señala un determinado documento como protegido por el privilegio abogado-cliente, el mismo se aísla en un sobre con sello lacrado, el cual solo podría ser levantado luego de que el juez se pronuncie sobre la validez del privilegio invocado. Esta categórica protección cubre no solo los documentos físicos, sino además la información digital y las conversaciones telefónicas, aun cuando sean anteriores a la iniciación de la relación profesional.

Recientemente, en el caso Stanpa (27 de abril del 2012), el Tribunal Supremo Español se muestra menos determinado sobre la carencia de facultades de la autoridad para conocer la información, limitándose a resaltar la imposibilidad de usar la información privilegiada.

Me resulta particularmente relevante la distinción entre acceso y uso (lo cual, a propósito, es también importante en Colombia en la interpretación de las normas sobre delación), puesto que aceptar que el ente investigador puede acceder a una información restringida podría representar una violación al derecho de defensa del investigado, así formalmente dicha pieza no se incorpore al acervo probatorio. El conocimiento ya obtenido no tiene vuelta atrás y siempre subyace como elemento de juicio para la decisión final.

Un segundo plano del debate doctrinal se ha orientado a señalar que el privilegio abogado-cliente es solo aplicable a los abogados independientes y no a aquellos vinculados con la empresa investigada mediante contrato laboral (abogados in house). Afortunadamente, esta tendencia cada vez tiene menos acogida y hoy se tiende a extender la protección a todos los profesionales del Derecho, sin distingo sobre su forma de vinculación.

En nuestro país, aún no se han generado grandes debates sobre el alcance del privilegio abogado-cliente, pero el incremento de la capacidad investigativa de la SIC y el aumento del volumen de investigaciones abiertas posiblemente traigan como consecuencia la necesidad de profundizar el alcance de la figura, los eventos en que aplica y las circunstancias excepcionales en las que el referido privilegio no se pueda invocar válidamente.

Fuente: ambitojuridico